Patentes y propiedad intelectual

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Patentes y propiedad intelectual

 

Incentivo vital a la innovación

La innovación es la fuerza propulsora de Roche. Y seguirá siendo un factor esencial en la continua lucha contra muchas enfermedades aún incurables, incluso el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y muchas enfermedades para las que no se cuenta hoy con tratamientos adecuados. Como todas las empresas dedicadas a la investigación, Roche necesita de protección a las patentes para poder recuperar sus costosas inversiones de largo plazo destinadas a la investigación de nuevas soluciones para problemas médicos y para seguir buscando innovaciones.

Sin las patentes y precios adecuados que incentiven avances reales, la innovación resulta imposible. Roche sabe que las patentes -y el nivel de precios de los medicamentos, necesario para sostener el desarrollo económico en el mundo industrializado- pueden constituir una de las muchas barreras al acceso de los países más pobres a los cuidados básicos de la salud. Por ello, adoptamos políticas de patentes para los Países Menos Desarrollados que son compatibles con la meta de garantizar a esas poblaciones el acceso a nuestros medicamentos.

Para llevar una nueva droga al mercado, son necesarias inversiones del orden de 1.000 millones de  dólares y un período de 8 a 12 años de trabajo. Por lo tanto, un ambiente con condiciones estables a largo plazo es un requisito básico para la investigación y desarrollo. La adecuada protección a la propiedad intelectual tiene importancia fundamental. Cuando una invención es patentada, la información relacionada se vuelve públicamente disponible y al inventor se le otorga el derecho de uso exclusivo de aquella invención por un determinado lapso.

Como la protección a la patente comienza en el momento en que la patente es otorgada, y no cuando la invención llega al mercado, el período de exclusividad y de comercialización (diferente de lo que ocurre con la exclusividad de las marcas, por ejemplo) es bastante limitado. La protección a la patente de una nueva droga, en general, se limita a 20 años y casi siempre expira 8 a 12 años después del lanzamiento de la droga en el mercado. Las patentes garantizan que el mercado pueda operar, que el proceso de innovación no sea interrumpido y que continúen siendo desarrollados y lanzados al mercado nuevos y mejores productos.

 

Patentes y propiedad intelectual

 

La falsificación genera riesgo para la salud

La falsificación de productos farmacéuticos y de diagnóstico representa, por un lado, una infracción a los derechos de propiedad intelectual. Pero por encima de todo, genera un evidente riesgo a la salud humana. Esa práctica puede causar enfermedades graves o incluso la muerte, por la administración de ingredientes perjudiciales o por privar al paciente del tratamiento adecuado.

Aunque las estimaciones de la extensión del problema son muy variadas, el tráfico de medicamentos falsificados (incluyendo dispositivos y elementos de diagnóstico) está bastante diseminado y afecta tanto a los países desarrollados como a las naciones en desarrollo. Como los medicamentos falsificados en general son indistinguibles de las versiones auténticas, es difícil detectar el fraude, particularmente para los consumidores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó el fraude como un problema creciente, casi siempre subestimado y se refiere, particularmente, a las cuestiones relacionadas a la toxicidad, inestabilidad e ineficacia de estos productos. Las normas emitidas por la OMS en 1999 orientan a los interesados respecto a cuáles son las medidas posibles y admisibles para el combate de la falsificación de medicamentos.

La responsabilidad por la prevención y control del fraude de medicamentos corresponde, básicamente, a los gobiernos federales y organismos internacionales. Roche colabora, tanto a nivel nacional como internacional con organismos reguladores, agentes de la ley y autoridades aduaneras. Internamente, el Grupo también hace todo lo posible para garantizar la aplicación de las medidas más adecuadas. La meta es apoyar las autoridades locales, internacionales y entidades del sector en sus esfuerzos para evitar los impactos negativos de los medicamentos falsificados sobre la salud pública.